Familia Pasta de Conchos, carta a los sonorenses afectados por Grupo México

Carta a los sonorenses afectados por Grupo México, Familia Pasta de Conchos

Región Carbonífera de Coahuila, 09 de septiembre del año 2014

 

Carta Abierta

A los habitantes de los municipios

Aconchi, Ures, Baviácora, Arizpe, Huépac, Banámichi y San Felipe de Jesús; y a sus presidentes municipales: Pedro Armando Lugo López, José Manuel Valenzuela Salcido, Francisco Javier Durán Villa, Vidal Guadalupe Vázquez Chacón, María Delfina López Quijada, Jesús Lauro Escalante Peña, y José Eleazar de la Torre Curiel.

Minera México de Grupo México de Germán Larrea y presidida por Francisco Javier García de Quevedo, es corresponsable junto a la STPS del gobierno de Vicente Fox, del mayor desastre humano de la minería contemporánea, el siniestro ocurrido el 19 de febrero del año 2006, en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos, donde fueron heridos 11 trabajadores y fallecieron 65 mineros; los restos de 63 de ellos yacen aún en el interior del socavón luego de ocho años, haciéndonos sufrir continuadamente a más de 600 familiares directos, entre ellos a 160 huérfanos.

La misma STPS, tan sólo tres semanas después del siniestro, el día 3 de Marzo, y ya con los mineros declarados muertos, verificó una Inspección Extraordinaria sobre las condiciones de seguridad en Pasta de Conchos, a la vez que emplazó a la empresa sobre omisiones asentadas en el acta de inspección del ¡12 de julio de 2004! En la resolución 043/06, la STPS la sancionó por las infracciones cometidas, en inobservancia de los principios de seguridad e higiene con que debe contar todo centro de trabajo; incumplimiento reiterado, cercano a la grave conducta intencional, que colocaba a nuestros seres queridos en estado de indefensión, por ello le impuso una multa de $185,705 pesos. Las omisiones eran escandalosas y se venían repitiendo desde el año 2000. Las mismas inspecciones oficiales dan cuenta de ello: no se ventilaba ni se polveaba suficientemente, no hacían simulacros de evacuación ni había 47 constancias escritas de las medidas y planes de seguridad, había altas concentraciones de gas fuera de la norma, cableado y equipo eléctrico inadecuados, fallaba el ventilador principal, y un funcionamiento deficiente de todos los sistemas, lo que configuró un escenario previo al 19 de febrero, de peligrosa inseguridad y negligencia criminal.

Por ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el máximo organismo para los derechos humanos laborales de la ONU, concluyó el 19 de marzo del año 2009 (GB.304/14/8 (rev.): “82… el Comité sólo puede concluir que Industrial Minera México S.A. no ha cumplido sus obligaciones como propietario y como responsable de la explotación de la mina, situación que trajo aparejada esta trágica pérdida de vidas humanas”. Secundando lo que la CNDH había concluido al emitir la Recomendación 26/2006 (expediente 2006/883/2/Q211): “En razón de los argumentos expuestos, se acreditan violaciones a los derechos humanos en agravio de las 65 personas que perdieron la vida en el interior de la empresa Industrial Minera México, S. A. de C. V., así como de las 11 personas que resultaron lesionadas, toda vez que los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores…” “Existen evidencias técnicas que permiten señalar la corresponsabilidad de la autoridad laboral por no hacer cumplir las normas y reglamentos de seguridad, higiene y medio ambiente. De igual manera, hay evidencias técnicas que permiten acreditar la responsabilidad de la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V. (Unidad Pasta de Conchos)”.

Llanamente las conclusiones significan que Grupo México no refaccionaba, no acondicionaba, no invertía dinero para seguridad en Pasta de Conchos. Tal cúmulo de negligencias acabó violentando severamente el derecho a la Vida de nuestros familiares y el derecho a la Integridad Personal de los once sobrevivientes y de nuestros seres amados, causándonos gran aflicción. Por eso, habiendo experimentado una pérdida irreparable que involucra la responsabilidad de Grupo México y una prolongación del dolor inicial al no garantizársenos aún dar cristiana sepultura a los nuestros conforme al derecho internacional humanitario, queremos decirles de corazón que nos volvió la indignación desazonada y el dolor luego de conocer el daño a sus comunidades a manos del mismo consorcio minero.

Nos ha vuelto a conmover su pesar al ver sus ríos contaminados, sus 88 escuelas cerradas, los casi 300 pozos aledaños al río fuera de operación, su economía semiparalizada presagio de una migración y un desempleo venideros, la salud afectada de personas que han tenido que acudir a los hospitales por el contacto con agua contaminada, la probable filtración hacia los mantos subterráneos y a los pozos cercanos a las ciudades, el perjuicio a las decenas de agricultores que viven, a lo largo de casi 300 kilómetros, del ajo, maíz, cacahuate, cebolla, caña, chile verde, alfalfa o sorgo, porque no hay agua para sus siembras; a los pescadores y ganaderos por el temor de sus compradores de que su carne esté contaminada y a los pequeños comerciantes que viven de procesar o vender sus productos; en resumen, la amenaza real, actual y potencial, a su estabilidad familiar, económica y emocional, en el peor desastre ambiental de la industria minera del país, por el derrame de tóxicos (arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio con picos máximos más allá de los permisible, según la norma oficial) de la mina más grande de México y donde, de nuevo, está involucrada la responsabilidad de Grupo México, el mayor y más rico consorcio minero nacional, ahora mediante Buenavista del Cobre, propiedad de su subsidiaria Southern Cooper Corporation.

La mala construcción del represo de la mina; un defecto de construcción en el sello de una tubería del sistema Tinajas 1, contratada a una firma contratista; la ruptura de una válvula mal instalada; una falla en el tubo que tenían las piletas de los lixiviados; una falla en la presa de desechos de la empresa; una pileta que, sin terminarse de construir (¿con permiso o sin él de la autoridad ambiental?), cercana al río Bacanuchi, ya operaba, sin contar con otro represo de emergencia como lo marca la ley, precisamente para contener un derrame; la inexistencia del depósito impermeabilizado para evitar que fluyan ácidos oxidantes y metales; etcétera, como causas del grave daño ecológico, ya valorado como ecocidio y considerado un “descuido” por Juan José Guerra Abud, titular de Semarnat, nos han hecho recordar con indignación las omisiones y negligencias de nuestro caso, tan parecidas aunque diferentes al suyo, y traer de nuevo a la memoria las investigaciones propias, las reflexiones de todos y todas y las conclusiones de las que ahora les compartimos.

Para nosotros, estimadas Familias de Sonora, el que no se hayan tomado las medidas necesarias en Pasta de Conchos, incluido el mantenimiento riguroso o que no hubiera el material necesario para acotar los riesgos, sólo lo puede explicar la política empresarial del consorcio. Cada uno de los factores ausentes o deficientes que mencionamos, por sí mismo, puede no ser decisivo para quedarnos sin un hijo, un esposo o un padre. Lo que le da coherencia y explicación a cada elemento es lo que los anuda: un modo de producción a bajo costo como política patronal. En la medida en que la producción manda, todo lo demás se somete. El trabajo de la minería, de por sí riesgoso, se convierte en una carrera vertiginosa y desmedida hacia las metas de producción, expresada en lógicas de producción y órdenes de trabajo, que por la vía de los hechos, pasa por alto, arriesgadamente, la instalación y exigencia de las condiciones de seguridad que posibiliten garantizar la vida de los demás. Se trata de políticas empresariales, de modos de producción, de hábitos y cosmovisiones que incuban bajo su amparo. Se trata de la manera de dirigir una empresa. De enriquecerse y de respetar o no, con las tales políticas, la vida humana o el medio ambiente. Todo ello acaba en una manera de proceder empresarial, socialmente irresponsable, porque se sujeta a esos criterios donde la prioridad son los incrementos del dinero, la inversión, la ganancia, la productividad, en el menor tiempo posible. Todo ello viene de fuera de la mina. Es una responsabilidad institucional que viene de arriba y de fuera en un entramado que es corporativo y que, a la mera hora de dar la cara, se esfuma y se diluye en los de abajo.

Pero, además, y lo que más indigna es el comportamiento inmoral y prepotente de quien se sabe intocable, entre otros del director corporativo de la Oficina de Salud y Seguridad del Grupo México, Enrique Valverde Durán, el mismo que intentó, por múltiples medios, acallar nuestros reclamos acá en la Región Carbonífera del norte de Coahuila. Ustedes ya lo están viendo y experimentando. La empresa no notificó inmediatamente el mismo día del incidente a la autoridad federal, fueron los habitantes de la zona los que informaron el 7 de agosto a la Unidad Estatal de Protección Civil, por la coloración inusual del Río Bacanuchi. La empresa reaccionó con retraso, avisó telefónicamente el 08 de agosto y formalmente hasta el 12, por eso el plan de contingencia de Conagua entró en vigor al pasar las 24 horas después del desastre. Grupo México afirmó en un principio, que el accidente fue ocasionado por la temporada de lluvias en la región, pretendiendo que quedara ante la opinión pública la idea de algo fortuito (los reportes del Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA demostraron que esto era absolutamente falso) y no por una mala construcción del represo de su mina Buenavista del Cobre, tal como lo asienta el Informe de mediados de agosto de Conagua, Cofepris, Profepa, Semarnat y Secretaría de Salud: “el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa”. Después dijo que los litros derramados fueron 40 mil, cuando en realidad fueron 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos, es decir, 40 millones; y luego afirmó que no se trataba de residuos peligrosos. Como en nuestro caso, lo que es y pesa humanamente como un desastre, simplemente lo llama accidente. Son cada vez más las voces que se percatan que Grupo México no actúa conforme a la magnitud del problema y no acata todas las medidas indicadas por la autoridad. Profeta le encontró más violaciones a la ley, por lo que le clausuró varia áreas, a lo que el consorcio respondió en un comunicado a la Bolsa de Valores: “Rechazamos las acciones legales punitivas anunciadas por la Profepa dada la naturaleza fortuita del incidente y la pronta y completa respuesta de la empresa”, señaló.

En nuestro caso vinieron también los desplegados y detrás de los desplegados el dinero:“Industrial Minera México estará a la altura de esta tragedia. La empresa está absolutamente concentrada en sus prioridades humanitarias y en la atención de las familias mineras. La empresa asumirá sus responsabilidades”. Por haber lesionado “el bien jurídico más preciado que tiene el ser humano y que lo es la vida de las personas”, Grupo México tuvo que desembolsar por cada minero, según las leyes de Coahuila, la ridícula cantidad de $182, 629.20 pesos (ciento treinta tres mil, setecientos sesenta y cinco veinte, del daño material; añadidos a los cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro, del daño moral). Eso para que cinco de sus directivos no pisaran la cárcel. Maniobró ante la autoridad judicial para el sobreseimiento del caso, evadiendo, hasta ahora, la finalidad del juicio, establecer la verdad jurídica de lo ocurrido y llegar a una conclusión: se es inocente o se es culpable. Esta es la irrebatible carga de la prueba histórica: En el caso de la muerte de nuestros hijos, hermanos, padres o tíos, estamos SIN conclusión. Desconocemos aún si hay inocencia o culpabilidad corporativa. Por eso, Larrea y compañía se oponen a que haya la reparación digna del daño integral, empezando por el rescate de los restos de nuestros seres queridos porque se sabrá la verdad de lo ocurrido y eso es más que pagar dinero. Claro que Grupo México y sus apoyos en el gobierno federal y entre el empresariado dirán que ya pagó y reparó y que indemnizó como “nunca se había hecho en México”. Entonces, queridas familias sonorenses y sus autoridades, no conseguirán la justicia debida ante el daño que les infligieron si no luchan y si no se movilizan. Partimos de que ninguna autoridad penal, laboral, municipal, estatal o federal (las mismas que ya pidieron no satanizar la minería y que anuncian que Buenavista del Cobre no puede ser clausurada ni temporalmente) hará verdadera justicia a menos que se organicen y lo exijan. Grupo México, que prefiere pagar asesores de imagen y abogados a reparar sus negligencias, repartirá migajas aunque fuera sancionada con miles de millones de pesos; pero enseguida apostará a los abogados, a las influencias, a los resquicios y debilidad de las leyes, a cansarlos al saber que necesitan sus campos o sus vacas o sus negocios o su simple empleo para comer y trabajar todos los días.

Según la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y otras leyes pertinentes, Grupo México tendrá que resarcir el daño que ocasionó por derramar negligentemente 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, pero eso no es nada si no lo obligan a reparar el daño integral de manera integral, primero, evaluando la pormenorizada afectación a las comunidades y su superación a corto, mediano y largo plazo; enseguida, tomando medidas de no repetición, más caras que las mismas sanciones que se le apliquen, más aún cuando está por conocerse el estudio solicitado a institutos de investigación sonorense sobre el impacto y contaminación del agua, suelo, aire, como consecuencia de las actividades de muchos años atrás de la extracción privada del cobre que han afectado históricamente la flora, la fauna, el agua y han ocasionado distintos daños a las comunidades por lo que nos pronunciamos por el retiro de la concesión al consorcio de parte de la Secretaría de Economía, dado que las propias autoridades federales, ya clausuraron 20 minas por incumplimientos menores a la ley que el caso que nos ocupa.

Cabe indagar de dónde venían los presupuestos, el control de gastos, los recortes, los objetivos de producción de Buenavista del Cobre como para operar como lo hacían y que ya Profepa va teniendo idea. Cabe investigar por la responsabilidad de Francisco Xavier García de Quevedo Topete y del mismo Germán Larrea Mota de Velasco y de los más encumbrados de Grupo México, dado que sabían lo que estaba pasando en Cananea, como sabían lo que sucedía en Pasta de Conchos, y si no lo saben o no lo supieron, es parte de su responsabilidad conocerlo. Así que Larrea ya no sólo será el empresario de Pasta de Conchos sino el empresario de Pasta de Conchos y Río Sonora ¿cuántos siniestros más le permitiremos los ciudadanos de este país ya que el gobierno federal ni lo ha puesto ni lo pondrá en su lugar? Si el infortunio nos unió, que también nos una la lucha.

“Rescatar a los vivos para honrar a los muertos”

A una voz ¡Rescate ya!

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